La presidente Claudia Sheinbaum rectificó este miércoles su postura oficial sobre el suministro de hidrocarburos a la República de Cuba. Tras el reporte de Bloomberg que confirmó la cancelación de un cargamento de crudo en el buque Swift Galaxy para enero, la mandataria calificó la noticia como una "interpretación" y aseguró que la ayuda humanitaria es permanente. Sin embargo, apenas el lunes pasado, la propia presidente evitó desmentir la suspensión al declarar que Petróleos Mexicanos (Pemex) tomaba sus propias decisiones "soberanas". El cambio de discurso ocurre mientras la isla enfrenta un colapso energético total y la presión de Estados Unidos se intensifica sobre las rutas de suministro en el Caribe.
La contradicción en la narrativa oficial no oculta el boquete financiero. México ha enviado a Cuba más de 16 mil barriles de petróleo diarios bajo el esquema de "ayuda", un volumen que no genera ingresos para una petrolera nacional que arrastra una deuda superior a los 100 mil millones de dólares. Mientras la presidente afirma que la ayuda "continúa", Pemex opera con números rojos y el sistema eléctrico mexicano reporta alertas de saturación. El costo de esta solidaridad ideológica no proviene de excedentes, sino del patrimonio de los contribuyentes mexicanos, quienes financian con sus impuestos el sostenimiento de un modelo económico fallido en el extranjero mientras las tarifas locales no ceden.
La opacidad administrativa es el eje de esta política exterior. Al no existir un contrato de venta transparente, el gobierno utiliza los activos estratégicos de la nación como un cheque en blanco para el auxilio político. Esta práctica vulnera el derecho del ciudadano a una administración eficiente de los recursos públicos: cada barril regalado a La Habana es capital que se resta al mantenimiento de la infraestructura nacional o al saneamiento de la petrolera más endeudada del mundo. Para la administración de Sheinbaum, la lealtad al bloque ideológico del Caribe tiene más peso que la rentabilidad de la empresa pública que, en teoría, pertenece a todos los mexicanos.
El giro en el discurso oficial revela que el gobierno prioriza la supervivencia de una dictadura aliada sobre la transparencia que debe a sus propios ciudadanos. Mientras la administración juega con las palabras en la mañanera, el costo de la energía en México sigue al alza y el riesgo país se eleva por la falta de una gestión técnica en el sector energético. La pregunta es por qué el patrimonio del mexicano debe servir de combustible para un sistema que ha demostrado, por décadas, su incapacidad para generar riqueza o libertad.
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