Mientras el sistema eléctrico de Cuba enfrenta una crisis terminal con apagones que paralizan ciudades enteras, las aerolíneas mexicanas Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris han decidido sostener sus frecuencias de vuelo hacia la isla. A pesar de que el gobierno cubano ha declarado un estado de emergencia energética y los servicios turísticos operan bajo condiciones críticas, las empresas mexicanas mantienen la conectividad aérea, apostando por una demanda que desafía la viabilidad logística del destino. Esta persistencia ocurre bajo el mandato de la presidente Claudia Sheinbaum, cuya administración ha ratificado el envío de petróleo para intentar rescatar, sin éxito, la red eléctrica del régimen cubano.
La decisión de las aerolíneas de no aterrizar sus operaciones —como sí lo han hecho otras cadenas internacionales— ignora los riesgos que el colapso de servicios básicos impone a los viajeros y a la operatividad comercial. En un entorno donde no hay garantía de suministro eléctrico ni de telecomunicaciones estables, la libertad de movimiento del ciudadano se convierte en un riesgo gestionado por el interés corporativo y la complacencia diplomática. Para el mercado mexicano, esto representa una anomalía: se incentiva el flujo de capital y personas hacia una economía de planificación central que ha demostrado ser incapaz de mantener encendida la luz, mientras el costo del combustible utilizado por estas empresas se ve afectado por la escasez de recursos que México exporta a la isla sin recibir pago a cambio.
El contraste con la realidad nacional es tajante. Mientras el Estado mexicano desvía barriles de crudo de Pemex para subsidiar la ineficiencia de La Habana, las aerolíneas privadas mexicanas se vuelven el puente de oxígeno para una industria turística controlada por el ejército cubano. Aquí no hay un intercambio de libre mercado; hay una estructura de sostenimiento donde el riesgo lo asume el pasajero y el subsidio lo paga el contribuyente mexicano. Al no existir alertas claras de viaje por parte de la Cancillería, el gobierno de la presidente Sheinbaum actúa como facilitador de un destino que carece de las garantías mínimas de seguridad jurídica y bienestar que cualquier democracia liberal exigiría para sus ciudadanos y empresas.
Mantener rutas hacia un país en tinieblas es una apuesta por la supervivencia de un modelo fallido sobre la seguridad del individuo. Si el Estado mexicano prefiere financiar el sistema eléctrico ajeno antes que proteger el bolsillo de sus propios gobernados, la conectividad aérea solo sirve para ocultar la magnitud de un fracaso energético que se paga con recursos de todos. El viajero debe cuestionar si su boleto de avión es realmente un pase a un destino turístico o un subsidio indirecto a un sistema que ha confiscado la prosperidad y la libertad.
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