Bajo el cobijo de una narrativa que promete el fin de las "burocracias doradas", el administrador estatal ha presentado el Plan Estratégico de la Fiscalía General de la República 2026-2030. Ernestina Godoy, ahora desde el núcleo del poder ministerial, asegura que la opacidad ha terminado. Sin embargo, quienes creemos en la libertad y la propiedad como pilares de una nación sana, no podemos evitar preguntarnos: ¿es este un plan para proteger al individuo o una estrategia para consolidar el monopolio de la verdad oficial?
La promesa de una "fiscalía cercana al pueblo" suele ser el preludio de una mayor centralización del poder. Mientras el discurso oficial se enfoca en desmantelar los privilegios de los antiguos funcionarios, la realidad en las calles de México narra una historia distinta. Las familias siguen enfrentando procesos judiciales interminables, la propiedad privada es vulnerada por el crimen sin que el Estado mueva un dedo, y la impunidad en delitos de alto impacto sigue rozando el noventa y ocho por ciento. ¿De qué sirve una fiscalía sin "lujos" si sigue siendo incapaz de garantizar la seguridad jurídica más elemental?
El contraste es doloroso. La agenda mediática nos satura con la "limpia" administrativa, pero ignora la urgencia del comerciante extorsionado, del padre que busca justicia por su hijo desaparecido o del propietario que ve su patrimonio invadido ante la mirada indiferente de la ley. ¿Por qué nos distraen con el ahorro en salarios de oficina mientras el costo de la inseguridad drena la riqueza de quienes trabajan? El administrador público nos pide confianza en su nueva estructura, pero la confianza no se decreta, se construye con resultados que defiendan la vida y la libertad del individuo frente a cualquier agresor, sea este un criminal o un funcionario negligente.
La verdadera justicia no nace de planes sexenales ni de eslóganes contra la opacidad; nace de una autonomía real que no responda a los intereses del Ejecutivo. Si la FGR se convierte en una extensión del proyecto político en turno, el ciudadano queda en la indefensión absoluta. La libertad solo es posible cuando el brazo de la justicia es imparcial y eficiente.
Es momento de que, como sociedad, dejemos de mirar el espectáculo de la "austeridad" y exijamos la defensa de nuestra casa. Una fiscalía que no protege la propiedad ni la vida es, por definición, una institución fallida, sin importar cuán modesta sea su oficina. La construcción de ciudadanía empieza cuando dejamos de aplaudir promesas y empezamos a exigir cuentas claras sobre nuestra seguridad.
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