La presidente Claudia Sheinbaum presentó este miércoles a Ernestina Godoy, actual Consejera Jurídica de la Presidencia, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, bajo la instrucción explícita a la prensa de no cuestionarla sobre temas relacionados con la Fiscalía General de la República (FGR). A pesar de que Godoy ocupó la titularidad de la Fiscalía capitalina y su nombre suena para posiciones clave en la estructura judicial, el Ejecutivo impuso un cerco informativo sobre su desempeño previo y su influencia en la justicia federal. La orden de silencio ocurre en un contexto de reformas profundas al Poder Judicial donde la transparencia debería ser la regla, no la excepción.
La restricción impuesta por la mandataria desmantela la narrativa de un "gobierno de puertas abiertas". Al invitar a una funcionaria pública a un foro financiado con recursos del contribuyente para luego limitar el escrutinio sobre su pasado inmediato en la procuración de justicia, el Estado actúa como un filtro de conveniencia. Se utiliza el tiempo y el presupuesto de la oficina presidencial para proyectar una imagen, pero se niega el derecho a la información sobre la gestión de quien hoy asesora legalmente a la nación. El costo de este silencio es la opacidad en el uso del aparato judicial para fines políticos.
El filtro es selectivo. Mientras el oficialismo promueve la elección de jueces por voto popular bajo el argumento de "acercar la justicia al pueblo", en el recinto presidencial se impide que ese mismo pueblo, a través de la prensa, pregunte sobre la operatividad de la Fiscalía. Esta contradicción vulnera la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la rendición de cuentas. Un administrador eficiente no teme a las preguntas sobre su historial; un administrador ineficiente oculta los expedientes de sus colaboradores más cercanos detrás de protocolos de protección mediática.
Godoy, pieza fundamental en la arquitectura legal del segundo piso de la transformación, permanece blindada por la voluntad presidencial. El control de daños desde el podio busca evitar cuestionamientos sobre casos polémicos y la autonomía real de las instituciones de justicia. Si la consejera de la presidente es intocable ante la prensa, la imparcialidad del sistema legal queda bajo sospecha. La justicia en México sigue siendo una concesión del gobernante, no un servicio eficiente garantizado para el ciudadano que paga su salario.
Cuando el Estado decide qué preguntas se pueden hacer, ya decidió qué libertades te puede quitar.
0 Comentarios