Las palabras de la presidente Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del 19 de diciembre de 2025 desataron una ola de reacciones entre colectivos de búsqueda, activistas y especialistas. Al presentar avances del próximo informe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), la mandataria afirmó que “hay mucha ausencia voluntaria por problemas familiares”, una frase que rápidamente se viralizó y abrió un debate sobre el enfoque oficial frente a una de las crisis humanitarias más profundas del país.
El comentario surgió cuando Sheinbaum explicó que el nuevo registro distinguirá entre desapariciones vinculadas a delincuencia organizada, personas localizadas con vida y casos en los que, según la autoridad, la persona se ausenta por decisión propia. “Las familias obviamente los reportan como desaparecidos porque no se comunican con ellos”, añadió la presidente, insistiendo en que la actualización busca mayor precisión y evitar registros sin datos verificables.
Sin embargo, la frase resonó en un país donde, solo en 2025, se registraron 33 mil 595 reportes de desaparición, de los cuales 41% siguen sin ser localizados. Para los colectivos de madres buscadoras, la idea de que “muchas” desapariciones son voluntarias no solo resulta insuficiente, sino que corre el riesgo de diluir la gravedad de un fenómeno marcado por la violencia estructural, la impunidad y la falta de respuestas institucionales.
En redes sociales, activistas y usuarios calificaron las declaraciones como insensibles. No por negar que existan casos de salidas voluntarias —especialmente entre adolescentes—, sino porque el énfasis presidencial parece desplazar la atención del problema central: la incapacidad del Estado para garantizar la búsqueda efectiva y la justicia. Organizaciones como A dónde van los desaparecidos y reportes de medios nacionales han documentado que la mayoría de los casos están relacionados con contextos de violencia criminal, no con decisiones personales.
El gobierno federal sostiene que la actualización del registro busca transparencia y rigor metodológico. Pero la polémica surge porque, en un país con más de 133 mil personas desaparecidas desde 1952, cualquier matiz en el discurso oficial tiene un peso político y emocional enorme. Para las familias, cada palabra importa: puede significar acompañamiento o puede sentirse como distancia.
La presidente aseguró que el informe está “prácticamente listo” y que se construye con revisión de bases de datos y diálogo con colectivos. Aun así, la discusión revela una tensión persistente: cómo hablar de cifras sin deshumanizar historias; cómo ordenar registros sin minimizar dolores; cómo gobernar sin perder de vista que, detrás de cada número, hay una familia que busca.
La frase sobre “ausencias voluntarias” no solo generó polémica: reabrió una conversación necesaria sobre el lenguaje, la responsabilidad institucional y la urgencia de atender una crisis que no admite matices que puedan interpretarse como evasión.
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