El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, con 241 pasajeros y 9 tripulantes a bordo, dejó al menos 12 a 15 personas heridas, según reportes de Protección Civil estatal y recuentos de medios nacionales que documentan el hecho como un accidente con lesionados, no solo como un “evento ferroviario” técnico. El tren circulaba sobre la Línea Z, entre Chivela y Nizanda, en el tramo que conecta Coatzacoalcos con Salina Cruz, uno de los ejes del corredor que el gobierno ha presentado como proyecto emblemático para el sur del país.
La Secretaría de Marina y el Corredor Interoceánico informaron que se registró el descarrilamiento de la máquina principal y hablaron de atención inmediata a las personas usuarias, pero sus primeros comunicados evitaron precisar con claridad el número de heridos, usando fórmulas generales y dejando que fueran medios y autoridades estatales quienes detallaran que al menos una docena de personas requirieron traslado a clínicas y hospitales en la región del Istmo. Ese desfase entre la comunicación oficial y los reportes locales alimenta la percepción de que se intenta minimizar el impacto del accidente.
El hecho no es aislado. Este descarrilamiento se suma a otro percance reciente en Chiapas, donde una pipa intentó ganarle el paso a una unidad del mismo sistema ferroviario, lo que muestra que la operación del proyecto ocurre en un entorno de riesgos que no han sido atendidos con la seriedad que demanda un tren de pasajeros en una zona históricamente marginada. La insistencia en llamar “evento ferroviario” a un accidente con personas heridas contrasta con el discurso de modernidad y seguridad con el que se ha promovido el Tren Interoceánico desde su inauguración.
Mientras el gobierno promete investigar causas y reforzar medidas, el mensaje de fondo sigue pendiente: reconocer que una obra estratégica no puede medirse solo en inauguraciones y discursos, sino en la seguridad real de quienes la usan.
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