Integrantes de diversos colectivos de madres buscadoras en México emitieron un pronunciamiento dirigido a la presidente Claudia Sheinbaum, en el cual solicitan formalmente que el Gobierno Federal acepte la ayuda y asistencia técnica de organismos internacionales para la identificación de restos humanos. La petición surge tras la publicación de cifras que indican un rezago en los servicios forenses locales y la acumulación de cuerpos sin identificar en las instalaciones de los Servicios Médicos Forenses (Semefo) de diversas entidades federativas.



De acuerdo con el documento presentado por las representantes de los colectivos, la propuesta contempla la intervención de organismos como el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Los colectivos argumentan que la capacidad técnica actual de las fiscalías estatales es insuficiente para procesar el volumen de hallazgos registrados en fosas clandestinas durante los últimos años. Según datos del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, el número de restos humanos sin identificar supera los 50,000 a nivel nacional, lo que ha generado una saturación en los sistemas de bases de datos de ADN.

En respuesta a estas peticiones, el Gobierno Federal ha manifestado que la prioridad actual es el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) y la implementación de un sistema nacional de búsqueda que integre la información de todas las entidades. Durante sus declaraciones públicas, la presidente ha sostenido que el Estado mexicano cuenta con la capacidad institucional y científica para resolver la crisis forense, enfatizando que la soberanía nacional es un eje rector en la gestión de la justicia. La administración ha señalado que la colaboración internacional debe limitarse al intercambio de buenas prácticas y capacitación, sin que esto implique la transferencia de las facultades de investigación de las fiscalías nacionales a entes externos.

Técnicamente, la discrepancia entre las autoridades y los colectivos se centra en la operatividad de los mecanismos de identificación. Mientras los familiares de las víctimas señalan que los protocolos locales presentan demoras en el cotejo de perfiles genéticos, el administrador estatal indica que se han destinado recursos presupuestarios para la adquisición de tecnología de secuenciación masiva y para la profesionalización de peritos forenses. Los colectivos sostienen que el acompañamiento internacional permitiría una mayor transparencia en los procesos y una aceleración en la entrega de resultados a las familias.

El estado actual del trámite indica que los colectivos mantienen mesas de trabajo abiertas con la Secretaría de Gobernación para analizar la viabilidad de mecanismos de cooperación específicos. Se espera que en las próximas semanas la Comisión Nacional de Búsqueda presente un informe sobre el avance de las identificaciones realizadas bajo el nuevo censo, mientras que los grupos de búsqueda han anunciado que continuarán con las gestiones ante instancias internacionales para documentar la situación forense en el país.

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