La presidente Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que existe "esperanza" respecto al futuro del T-MEC tras las recientes tensiones con la administración de Donald Trump. Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que existen avances significativos en las mesas de diálogo; sin embargo, se negó a profundizar en los términos de la negociación bajo el argumento de que "no podemos decir más". Esta declaración de optimismo ambiguo ocurre mientras la amenaza de un arancel generalizado del 25% a las exportaciones mexicanas sigue vigente, proyectando una sombra de incertidumbre sobre el sector productivo nacional y el tipo de cambio.
La estrategia de mantener los avances en la sombra no es una medida de prudencia diplomática, sino un incentivo para la inestabilidad económica. Para el empresario y el inversionista, la "esperanza" no es una variable medible ni un insumo para la toma de decisiones. Al ocultar los detalles de lo que México está cediendo en materia de migración, seguridad y energía, el gobierno vulnera el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se está administrando el acceso al mercado más grande del mundo. La falta de claridad es, en sí misma, un impuesto indirecto: genera volatilidad, detiene proyectos de inversión y debilita la propiedad privada al dejarla a merced de acuerdos de cúpula que nadie conoce.
El contraste entre el discurso oficial y la realidad institucional es evidente. Mientras la presidente pide confianza, el sector exportador —que representa más del 35% del Producto Interno Bruto— enfrenta la posibilidad de una pérdida de competitividad sin precedentes. Un Estado que administra el comercio exterior mediante el secretismo falta a su deber básico de proveer certidumbre jurídica. Si las reglas del juego del T-MEC se renegocian a puertas cerradas, se rompe el principio de transparencia que protege al individuo frente a la arbitrariedad del poder central. La "soberanía" que el discurso oficial suele invocar se vuelve una retórica vacía si el resultado es una economía aislada por aranceles derivados de una negociación fallida u opaca.
El costo de esta ambigüedad lo paga el consumidor final a través de la inflación y la pérdida de empleos en las cadenas de suministro. La estabilidad de México no puede pender de una narrativa de esperanza, sino de un marco legal previsible y una defensa técnica de los intereses comerciales. Cuando el gobierno prefiere el silencio sobre la rendición de cuentas, el mensaje para los mercados es claro: la ideología y la política interna tienen prioridad sobre la protección del patrimonio nacional. La libertad de los mexicanos para comerciar y prosperar está siendo apostada en una mesa donde solo el gobierno tiene las cartas, mientras el ciudadano espera una cuenta que podría ser impagable.
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