La presidente Claudia Sheinbaum anunció que las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca, recibirán becas, vivienda y apoyos escolares como parte de una "reparación integral" del daño. La decisión llega tras el peritaje de la Fiscalía General de la República (FGR), que confirmó que el accidente, con saldo de 14 muertos y más de 100 heridos, fue provocado por un exceso de velocidad de la locomotora. A pesar de la gravedad del hecho y de las denuncias penales presentadas contra las constructoras y servidores públicos responsables, la mandataria ha evitado detallar los montos económicos de las indemnizaciones, limitándose a prometer la inserción de los afectados en la red de programas asistenciales del Bienestar.
El incentivo de esta medida es claro: el Estado utiliza los recursos públicos para mitigar el costo político de una falla operativa de su administración. Al transformar la reparación del daño en una entrega de beneficios sociales —vivienda y becas—, el Ejecutivo diluye la responsabilidad penal y civil de los funcionarios y empresas contratistas involucradas. Para el ciudadano, esta práctica establece un precedente peligroso: la vida y la integridad física se tasan bajo el esquema de subsidios estatales, lo que incentiva la negligencia técnica en las obras públicas prioritarias. Si el error humano o la falta de mantenimiento se resuelven mediante el aparato de bienestar, el incentivo para garantizar la seguridad en el transporte ferroviario se desploma, pues el costo del fracaso se traslada directamente al bolsillo del contribuyente a través del presupuesto federal.
Desde la óptica de la responsabilidad institucional, la presidente insiste en que las víctimas no requieren abogados, instándolas a acudir directamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta postura es una anomalía del ordenamiento jurídico: el Estado actúa como juez y parte al determinar, a través de sus dependencias, el valor de una pérdida humana derivada de su propia impericia. Mientras la FGR señala al maquinista como único chivo expiatorio de un sistema que carecía de controles de velocidad efectivos, el gobierno se apresura a cerrar el capítulo mediante "salidas alternativas" que evitan juicios prolongados. Esta celeridad no busca la justicia, sino silenciar la inconformidad social antes de que el proceso legal evidencie las fallas estructurales en la planeación y supervisión de los proyectos emblemáticos del sexenio.
La estabilidad del país y la libertad del individuo para transitar con seguridad dependen de un sistema judicial que castigue la ineficiencia, no de un gobierno que la compense con dádivas. Sustituir el imperio de la ley por la entrega de escrituras y carnets de estudiante solo asegura que la próxima tragedia sea solo cuestión de tiempo.
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