El gobierno de Veracruz, bajo el mando de Rocío Nahle, decidió que el chapopote en las costas no es noticia. Mientras brigadas de pescadores y voluntarios denuncian una tragedia ambiental en los ecosistemas de Boca del Río y Alvarado, la administración estatal minimiza el derrame de hidrocarburos calificándolo como un "incidente menor". La sordera oficial ignora el rastro de crudo que asfixia manglares y mata fauna marina, priorizando la protección de la imagen política de Pemex sobre la vida silvestre del Golfo. El administrador público ha decidido que, para que no haya crisis, basta con no verla.
La tragedia ecológica no es un accidente aislado, es el resultado de una infraestructura estatal que se cae a pedazos por falta de mantenimiento. El costo de esta negligencia es incalculable: no se trata solo de dinero, sino de la destrucción de un patrimonio natural que tardará décadas en recuperarse. El Estado, que debería ser el custodio de los recursos comunes, actúa hoy como el cómplice silencioso de un ecocidio. Al callar y minimizar, la presidente y la gobernadora bloquean la activación de protocolos de emergencia internacional que podrían salvar lo poco que queda de la biodiversidad costera.
Desde la óptica de la responsabilidad, este desastre es un robo al futuro. La propiedad privada de los pescadores —sus redes, sus embarcaciones y su derecho a un mar sano— ha sido confiscada por una mancha negra de ineficiencia burocrática. El administrador del Estado gasta millones en propaganda de "soberanía", pero es incapaz de contener una fuga que mata el ecosistema que alimenta a miles. La libertad de los veracruzanos se ve reducida cuando su entorno natural, su fuente de vida, es sacrificado en el altar de la opacidad gubernamental.
La respuesta del Estado no es técnica, es ideológica. Reconocer la magnitud del desastre implicaría aceptar el fracaso de la gestión energética actual. Prefieren el silencio cómplice que la acción correctiva. Mientras las aves mueren empapadas en crudo en las playas de Veracruz, la oficina de Nahle sigue operando bajo la premisa de que lo que no se admite, no existe. Es una sordera criminal que condena a las costas a una agonía lenta bajo una capa de petróleo y mentiras.
Si el Estado no escucha el grito del ecosistema, es porque está demasiado ocupado contando los votos de su próxima elección.
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