La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo este martes un llamado urgente al "diálogo" con las organizaciones de transportistas, luego de que estos advirtieran una parálisis nacional de carreteras al finalizar la Semana Santa de 2026. Los gremios exigen seguridad ante el incremento de asaltos y asesinatos de conductores, mientras el gobierno intenta ganar tiempo mediante mesas de negociación. La administración federal busca frenar los bloqueos en las vías de comunicación que conectan al país, pero no ofrece una estrategia de despliegue para proteger la propiedad privada y la vida de quienes mueven la economía.
La contradicción administrativa es flagrante. Mientras la presidente Claudia Sheinbaum asegura en sus conferencias que los índices de violencia van a la baja, su propia Secretaría de Gobernación admite la crisis al convocar a reuniones de emergencia para evitar el colapso logístico. El administrador público no ha cumplido con su función básica: garantizar el libre tránsito. En su lugar, pide a las víctimas "paciencia" y "disposición al diálogo", como si el derecho a circular sin ser asaltado fuera un tema sujeto a negociación y no una obligación constitucional.
El costo de esta ineficiencia estatal recae directamente en el bolsillo del ciudadano. El transporte de carga moviliza el 80% de las mercancías en México; cada camión detenido o robado encarece la canasta básica. El Estado ha fallado en proteger la infraestructura estratégica, permitiendo que el crimen organizado dicte las rutas y los horarios. La libertad de comercio hoy está secuestrada por la falta de un estado de derecho real, y la respuesta del gobierno es burocracia en lugar de patrullaje. Si el administrador no puede asegurar el pavimento, está confiscando la productividad de la nación.
La amenaza de bloqueos para el cierre de las vacaciones de Pascua es la última respuesta de un sector que ya no tolera la simulación oficial. La Segob pide no afectar a terceros, pero calla ante la afectación sistemática que sufren los transportistas por la omisión de las fuerzas federales. Un gobierno que no garantiza la seguridad de sus arterias comerciales es un gobierno que está administrando la parálisis.
Cuando el administrador pide diálogo para no aplicar la ley, el ciudadano es el que paga el rescate en cada producto que compra.
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