La presidente Claudia Sheinbaum anunció la creación de un comité especializado encargado de analizar la viabilidad y el uso del fracking (fracturación hidráulica) para la extracción de hidrocarburos en territorio nacional. El grupo de trabajo, integrado por especialistas de la Secretaría de Energía, Pemex y la Secretaría de Medio Ambiente, tiene como objetivo formal evaluar los impactos ambientales y la eficiencia energética de esta técnica. La decisión se hace pública tras años de una narrativa oficial que prometía la prohibición absoluta de este método, señalando ahora una apertura hacia el estudio técnico de una práctica que anteriormente fue calificada por la administración saliente como inviable para el país.
Durante la presentación del proyecto, se detalló que el comité no tiene un plazo definitivo para entregar resultados, aunque deberá sesionar de manera mensual. El enfoque se centrará en las cuencas del norte del país, donde el potencial de gas natural es elevado, pero la disponibilidad de agua es crítica. La instrucción de la presidente ocurre en un contexto de declive en la producción de gas natural nacional, lo que ha obligado al Estado a incrementar la dependencia de las importaciones provenientes de Estados Unidos. La omisión de una postura prohibitiva tajante en este anuncio marca un cambio en la estrategia energética, moviéndose del activismo ambientalista hacia una gestión de administración de recursos que busca desesperadamente frenar la caída operativa de Pemex.
El contraste con el sexenio anterior es evidente. Mientras que en el pasado se emitieron declaraciones asegurando que "no se usaría el fracking en México", la actual administración opta por la institucionalización del análisis de la técnica. Las omisiones presupuestarias para la transición energética y el fracaso de las refinerías actuales para alcanzar la autosuficiencia han empujado al Ejecutivo a reconsiderar métodos de extracción de alto costo hídrico. Este comité, de carácter técnico-administrativo, representa la burocratización de una decisión que el mercado energético internacional ya ha resuelto en favor de la eficiencia, pero que en México sigue atrapada entre la ideología política y la necesidad recaudatoria del Estado.
Las consecuencias sociales y económicas permanecen en el aire. La falta de un marco regulatorio claro para la protección de la propiedad privada de los suelos y el uso de acuíferos en zonas de estrés hídrico genera incertidumbre entre los productores locales. Legalmente, el comité carece de poder vinculante, funcionando más como un amortiguador político ante las críticas de grupos ambientalistas que como una solución técnica inmediata al déficit de gas. La ineficiencia en la exploración convencional ha llevado al administrador estatal a reabrir expedientes que el oficialismo juró enterrar, dejando a la nación a la espera de un diagnóstico que prioriza la supervivencia de la paraestatal por encima de las promesas de campaña.
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