La presidente Claudia Sheinbaum reconoció este lunes que su administración continuará subsidiando el precio de las gasolinas para evitar "gasolinazos", al tiempo que lanzó un llamado a los empresarios gasolineros para que reduzcan el margen de ganancia en el diésel. El anuncio confirma que el Estado mexicano seguirá interviniendo en el mercado energético mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), una medida que, aunque se presenta como protección al consumidor, representa una sangría constante a las finanzas públicas. El administrador opta por el control artificial en lugar de permitir que la competencia y la oferta dicten el valor real de los energéticos.
La contradicción técnica es insostenible. Mientras el gobierno presume finanzas sanas, el subsidio a los combustibles es un boquete fiscal que se financia con los impuestos de todos los mexicanos. No se trata de un "regalo" del Estado; es dinero que se extrae de sectores productivos para mantener una estabilidad ficticia en las bombas. Al pedir a los gasolineros —entes privados con costos operativos propios— que bajen sus precios, la mandataria traslada la ineficiencia de Pemex y la carga fiscal al sector empresarial. El Estado no reduce sus gastos; exige que el privado reduzca sus ingresos para salvar la narrativa oficial de "precios bajos".
Desde la perspectiva liberal, esta política vulnera la libertad de mercado y el derecho a la libre empresa. El administrador público pretende dictar márgenes de ganancia desde un podio, ignorando los costos de logística, almacenamiento y seguridad que enfrentan los distribuidores. Si el precio del diésel es alto, es por la ineficiencia en la refinación nacional y la carga impositiva, no por una conspiración de los gasolineros. Un gobierno responsable reduciría el gasto público para bajar impuestos; un gobierno controlador prefiere subsidiar el consumo y señalar culpables en el sector privado para evadir su responsabilidad operativa.
El costo de esta decisión es la distorsión económica a largo plazo. Al mantener precios artificiales, se incentiva un consumo ineficiente y se desincentiva la inversión en energías alternativas. La presidente Sheinbaum estira la liga de las finanzas públicas para sostener una promesa política que el mercado, tarde o temprano, terminará por ajustar. El administrador está comprando tiempo con el dinero que debería estar destinado a infraestructura o seguridad, sacrificando el futuro por la calma mediática del presente.
Cuando el Estado te dice que "te regala" la gasolina, es porque ya te quitó el dinero para pagarla dos veces.
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