Por David Uscanga
La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de un impuesto de tres pesos por litro a los sueros orales y bebidas electrolíticas ha desatado una controversia que va más allá de lo fiscal. Aunque se presenta como parte de una política de salud pública para reducir el consumo de azúcar, el trasfondo revela una jugada más compleja, donde la medicina, la comunicación y la política se entrelazan.
Los sueros orales como Electrolit no son refrescos. Tienen registro sanitario, están regulados por la autoridad de salud y se utilizan para tratar deshidratación, vómitos, diarrea y golpes de calor. Así lo ha señalado el doctor Alejandro Macías, excomisionado nacional para la atención de la influenza, quien advirtió que aplicarles impuesto “saludable” es comparable a gravar jarabes para la tos. “Son medicamentos, no bebidas recreativas”, afirmó.
La polémica se intensificó cuando el médico y creador de contenido Octavio Arroyo, conocido como Mr. Doctor, denunció públicamente, a través de sus redes sociales, que recibió una oferta de 48 mil pesos para publicar videos criticando a Electrolit. El guion incluía frases alarmistas como “¿Hidratas o dañas?” y afirmaciones sobre un supuesto exceso de azúcar. Arroyo compartió capturas de pantalla de la propuesta, alertando sobre una campaña orquestada para desprestigiar el producto.
Este tipo de maniobras, donde se paga a influencers para sembrar desconfianza sobre un insumo médico, plantea dudas legítimas sobre los intereses detrás de la reforma. ¿Se trata realmente de proteger la salud o de abrir espacio a otros actores comerciales? ¿Por qué se equipara un producto con indicaciones médicas a una bebida azucarada?
La discusión no es menor. En un país donde millones dependen del autocuidado, gravar un producto médico sin una diferenciación técnica clara puede tener consecuencias serias. La postura de expertos como Macías y Cortés Alcalá, junto con las revelaciones sobre manipulación informativa, obligan a revisar con mayor detalle esta medida.
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