La presidente Claudia Sheinbaum volvió a marcar distancia frente a la llamada “Ley Esposa”, una reforma aprobada en San Luis Potosí que obliga a que la próxima candidatura a la gubernatura sea encabezada por una mujer y que, en procesos posteriores, se establezca una alternancia estricta entre hombres y mujeres. Durante su conferencia matutina del 22 de diciembre, Sheinbaum afirmó que este tipo de iniciativas “no hacen falta” y que la paridad ya está garantizada con el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), que obliga a los partidos a postular 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas. La postura presidencial, sin embargo, contrasta con el debate nacional que la propia reforma detonó: mientras congresos locales discuten si la alternancia obligatoria fortalece o limita la participación política, la presidente insiste en que cualquier regulación adicional podría interpretarse como una orientación indebida o incluso como una forma de exclusión. “Para evitar cualquier cosa de que se está orientando o evitando que una persona participe, no creo que sea necesario legislar la alternancia hombre-mujer”, declaró Político MX.
El argumento central de Sheinbaum es que las acciones afirmativas ya han permitido que más mujeres lleguen a gubernaturas, y que las mandatarias estatales “lo hacen muy bien”. Sin embargo, su lectura omite que la paridad en gubernaturas no está garantizada por ley federal y que, en la práctica, los partidos han utilizado criterios discrecionales para decidir dónde postulan mujeres y dónde no. La reforma potosina surgió precisamente de ese vacío: la ausencia de reglas claras para ejecutivos estatales. Aun así, Sheinbaum prefirió subrayar que el INE ya resolvió el tema, aunque el propio instituto ha señalado que su acuerdo de paridad requiere incorporarse a una reforma electoral para tener plena fuerza jurídica.
La presidente también evitó pronunciarse sobre el trasfondo político de la iniciativa: la acusación de que el gobernador Ricardo Gallardo busca abrir la puerta para que su esposa sea candidata en 2027. Aunque este señalamiento ha sido ampliamente discutido en medios nacionales, Sheinbaum optó por no abordarlo y se limitó a decir que Arturo Zaldívar revisará la constitucionalidad de la reforma. Su silencio sobre el posible uso faccioso de la paridad contrasta con su insistencia en que la alternancia obligatoria podría “evitar la participación de alguna persona”Al Contacto, una preocupación que parece más alineada con la defensa de aspiraciones individuales que con la discusión estructural sobre igualdad política.
Mientras tanto, organizaciones feministas y especialistas en derecho electoral han advertido que la postura presidencial simplifica un debate complejo. La alternancia obligatoria no solo busca paridad numérica, sino corregir patrones históricos en los que los partidos colocan a mujeres en estados con pocas posibilidades de triunfo o en contextos políticamente adversos. La presidente, sin embargo, insistió en que “no hace falta esas leyes” y que el país debe confiar en los mecanismos actuales.
La discusión seguirá en los congresos estatales, pero el mensaje desde Palacio Nacional es claro: el gobierno federal no respaldará nuevas reglas de paridad para gubernaturas. En un país donde la igualdad política aún depende de interpretaciones y voluntades partidistas, la decisión de Sheinbaum de cerrar el debate antes de abrirlo deja más preguntas que certezas.
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