La ejecución del operativo careció de un plan de contención para proteger el derecho al trabajo y la propiedad privada. Según el monitoreo empresarial, 8 de cada 10 negocios en la entidad sufrieron suspensiones de servicios, bloqueos logísticos o ausentismo derivado de la inseguridad en las vías de comunicación. Las MiPyMEs, que operan con márgenes mínimos, reportan daños de entre 10 mil y 50 mil pesos por unidad, mientras que el sector aéreo nacional registró una caída de 28 mil millones de pesos en su valor de mercado debido a la incertidumbre logística.
El saldo oficial ignora el impacto colateral en la libertad de tránsito. El 37% de las compañías registró cancelaciones definitivas de servicios y un 27% reportó la imposibilidad de trasladar personal a los centros de producción. El Estado golpeó el objetivo criminal, pero abandonó su función de administrador del orden público, permitiendo que el vandalismo y los narcobloqueos confiscaran de facto la productividad de la región. No se trata solo de daños materiales —apenas un 5% de impacto en infraestructura— sino de la anulación total de la certidumbre jurídica necesaria para el intercambio comercial.
La presidente Sheinbaum ha evitado detallar mecanismos de compensación para los comerciantes y prestadores de servicios que hoy enfrentan insolvencia para cubrir nóminas. El éxito mediático de una captura no sustituye la obligación del Estado de garantizar un entorno donde el ciudadano pueda ejercer su actividad económica sin que su patrimonio sea tomado como rehén.
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