Anaya y ‘Alito’ lanzan ofensiva contra la reforma electoral y advierten que Morena busca una “Ley Maduro”

Los líderes del PAN y del PRI intensificaron su ofensiva política contra la reforma electoral impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, al que acusan de intentar rediseñar las reglas del sistema democrático para asegurar control político en los próximos años. Ricardo Anaya, coordinador panista en el Senado, y Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, calificaron la iniciativa como una “Ley Maduro”, en referencia al modelo venezolano que concentró el poder electoral en el Ejecutivo.

En conferencia de prensa, Anaya afirmó que la reforma “no busca mejorar el sistema democrático, sino asegurar el control total de las elecciones ante una pérdida de respaldo ciudadano por parte de Morena”. El senador sostuvo que el gobierno federal se prepara para un escenario en el que ya no cuente con apoyo mayoritario y pretende “aferrarse al poder mediante cambios en las reglas electorales”.

 

“Para nosotros es la Ley Maduro que el gobierno de Morena quiere instaurar en México”, declaró. “Lo que el gobierno quiere es el control total de las elecciones. Se están preparando para el momento en el que ya no tengan respaldo popular y se quieren aferrar al poder”.

 

Anaya argumentó que esta estrategia forma parte de una agenda que, según él, inició con la obtención de la mayoría legislativa en ambas Cámaras y continuó con una ofensiva contra el Poder Judicial y los organismos autónomos. “Hoy, lo único que les falta es el Instituto Nacional Electoral”, señaló.

 

Por su parte, Alejandro Moreno coincidió en que la reforma representa un riesgo para la democracia y acusó a Morena de buscar la subordinación del INE al poder político. En entrevista con el periodista Carlos Zúñiga, el dirigente priista afirmó: “Esta reforma electoral, esta locura que están presentando, es la Ley Maduro, porque es una ley igualita a la que hicieron en Venezuela. Buscan destruir al INE, destruir los órganos jurisdiccionales encargados de sancionar, valorar y calificar las elecciones y, obviamente, destruir a los partidos políticos”.

 

Las declaraciones de ambos líderes se dieron días después de que el Instituto Nacional Electoral entregó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral sus propuestas técnicas para actualizar el marco electoral. El documento incluye medidas sobre fiscalización, paridad de género, modernización de procesos y la separación de la elección judicial de las ordinarias.

 

Al recibir el planteamiento, Pablo Gómez cuestionó la autonomía del INE al afirmar que “un órgano administrativo del Estado no puede ser autónomo”, lo que reavivó el debate sobre la independencia del árbitro electoral y su relación con el Ejecutivo.

 

El choque político anticipa una discusión profunda sobre el equilibrio institucional. Las próximas horas dirán si la reforma avanza con el respaldo legislativo suficiente o si la presión opositora obliga a replantear su alcance. La pregunta ahora es qué tipo de sistema electoral se construirá a partir de este debate.