El costo diplomático y económico de la política de solidaridad con Cuba
La presidente Claudia Sheinbaum ha ratificado recientemente el compromiso de México con la República de Cuba, enfatizando una postura de solidaridad constante frente a las dificultades energéticas y económicas que atraviesa la isla. Durante su comparecencia matutina, la titular del Ejecutivo mexicano subrayó que el país mantendrá su apoyo, argumentando una tradición de hermandad y ayuda humanitaria que ha caracterizado la política exterior de diversas administraciones.
Este anuncio ocurre en un momento de particular sensibilidad geopolítica, donde la relación bilateral con los Estados Unidos, principal socio comercial de México, se encuentra bajo un escrutinio renovado debido a las transiciones políticas en Washington. El respaldo a un régimen que mantiene un modelo económico centralizado y restricciones a las libertades políticas plantea interrogantes sobre la dirección de la diplomacia mexicana y los incentivos que esta genera para el desarrollo nacional.
El envío de hidrocarburos o asistencia financiera a otras naciones sin un marco de transparencia riguroso afecta directamente la disponibilidad de recursos para la infraestructura y la seguridad interna. En un sistema basado en la responsabilidad ciudadana, cada recurso del presupuesto debe estar orientado a fortalecer el Estado de Derecho y la libertad económica de los contribuyentes locales.
El uso de activos del Estado para sostener modelos políticos externos no solo representa un costo de oportunidad para el mercado mexicano, sino que también introduce riesgos en la percepción de estabilidad que los inversionistas extranjeros tienen sobre el país. La asistencia internacional, cuando carece de condicionalidad democrática o de beneficios recíprocos claros, tiende a interpretarse como un subsidio ideológico que no contribuye directamente a la prosperidad de las familias mexicanas ni al fortalecimiento de sus instituciones.
El fortalecimiento de vínculos con gobiernos que no comparten los principios de libre mercado y división de poderes puede generar fricciones en los tratados comerciales vigentes, particularmente en el marco del T-MEC. La presidente Sheinbaum enfrenta el reto de equilibrar la retórica de solidaridad con la necesidad de mantener un entorno predecible para la propiedad privada y la inversión. El riesgo institucional radica en que la política exterior sea dictada por afinidades ideológicas en lugar de ser una herramienta para potenciar la competitividad de México en el bloque norteamericano. Si los incentivos se alinean hacia el apoyo de economías cerradas, el país podría alejarse de los estándares de transparencia que demandan los mercados globales modernos.
A largo plazo, una diplomacia centrada en la ideología compromete la capacidad de México para actuar como un líder regional pragmático, exponiendo a la economía nacional a posibles represalias comerciales o al enfriamiento de relaciones estratégicas que son vitales para la creación de empleos y el crecimiento del Producto Interno Bruto. La estabilidad nacional depende de una visión que priorice el interés ciudadano y el respeto a los marcos institucionales sobre las lealtades a proyectos políticos externos.
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