El impacto de la apertura a foros en la reforma electoral de México

El diputado Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados, ha manifestado recientemente la disposición de su grupo parlamentario para abrir foros de discusión sobre la reforma electoral propuesta. Este movimiento se presenta en un momento en el que la opinión pública cuestiona el alcance de las modificaciones a la estructura de los órganos encargados de organizar y validar los comicios en el país. Según lo expresado por el legislador, estos espacios permitirían escuchar diversas voces antes de proceder a la dictaminación de la iniciativa en las comisiones correspondientes. Sin embargo, en el historial legislativo reciente, este tipo de ejercicios ha servido más como una etapa de socialización que como un mecanismo real para modificar la esencia de las propuestas impulsadas por el Poder Ejecutivo y respaldadas por la presidente Claudia Sheinbaum.

Desde un punto de vista técnico y de diseño institucional, la estabilidad de las reglas electorales es un pilar fundamental para la certeza jurídica de cualquier nación. Cuando las normas que rigen la competencia política se encuentran bajo revisión constante por parte de una sola fuerza mayoritaria, el incentivo para la inversión y la estabilidad económica se ve afectado. La confianza de los ciudadanos y de los mercados en México no depende únicamente de la estabilidad del peso, sino de la solidez de sus instituciones autónomas. El Instituto Nacional Electoral ha funcionado como un árbitro independiente que garantiza que el poder no sea juez y parte en las elecciones. Por ello, cualquier ajuste que reduzca su autonomía presupuestaria o técnica traslada el control de los procesos ciudadanos hacia la estructura del Estado, debilitando la responsabilidad individual del votante y la transparencia de los resultados.

La implementación de foros de discusión plantea una interrogante sobre la eficiencia y el respeto al orden institucional vigente. Si las decisiones presupuestarias y de organización electoral se centralizan, se corre el riesgo de crear un sistema donde la competitividad dependa de la voluntad política en turno y no de leyes fijas y predecibles. Para el ciudadano común, esto significa una reducción en su capacidad de exigir cuentas, ya que un árbitro debilitado pierde la fuerza necesaria para sancionar abusos de poder o el uso indebido de recursos públicos. La experiencia internacional sugiere que los países que prosperan son aquellos donde las reglas del juego son difíciles de cambiar para beneficio de quien ostenta el mando. Por tanto, el análisis de esta reforma electoral no debe centrarse solo en el ahorro de recursos, sino en el costo real que tendría para la libertad política la pérdida de un árbitro con autoridad plena. La pregunta central que queda en el aire es si estos foros realmente derivarán en una protección a las instituciones o si son simplemente el preámbulo de una transformación que concentrará las decisiones electorales en una sola oficina gubernamental. 

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